Tras los comicios del 2 de junio, ¿se necesita una reforma electoral?
Solo con sanciones que efectivamente se impongan podrán fortalecerse nuestras instituciones electorales.
El sistema electoral mexicano y, sobre todo, el régimen jurídico que regula a los partidos políticos, requieren una reforma que imponga sanciones más severas a quienes trasgredan las disposiciones normativas, incluyendo en esto a los servidores públicos que intervengan o influyan en los comicios, utilizando recursos del erario.
Partiendo de la premisa de que la democracia funciona con demócratas, solo con sanciones que efectivamente se impongan podrán fortalecerse nuestras instituciones electorales para que, por ejemplo, partidos, precandidatos y candidatos, respeten los tiempos oficiales de campaña y precampaña.
Lo mismo ocurre con esa negativa costumbre que tienen todos los candidatos en México con la que, tras cerrarse las casillas el día de la elección, salen a los medios declarándose ganadores, cuando ni siquiera se han podido contar los votos.
La actuación irregular, y en muchas ocasiones ilícita, de todos los actores políticos del país en el pasado proceso electoral, nos deja importantes lecciones en cuanto a la reforma que sí requiere el país, a diferencia de lo que propone la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que, como la reforma al Poder Judicial, podría ser aprobada en el Congreso a partir del próximo mes de septiembre.
Precampañas anticipadas impunes
En este punto tenemos, como ejemplo de violaciones a la legislación electoral vigente, los recorridos por el país que hicieron -desde junio de 2023- los seis aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Este partido incurrió en un fraude a la ley al afirmar que no se trataba de precandidatos, sino de políticos que pretendían el eufemístico cargo de “Coordinador de Defensa de la Transformación”.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, emitió diversas advertencias y medidas cautelares, es un hecho que la precampaña de las llamadas “corcholatas” del partido oficial trasgredió el principio de equidad de los comicios, en tanto que las sanciones por estas y otras violaciones a la ley -y la Constitución- brillaron por su ausencia.
La misma suerte tuvieron las precampañas también anticipadas de la oposición: A finales de junio del año pasado, el INE igualmente perdonó a los aspirantes a la candidatura presidencial del entonces llamado Frente Amplio por México.
En ambos casos, la Comisión de Quejas del INE consideró improcedentes las denuncias por actos anticipados de campaña, debido a que se trataba de hechos consumados e irreparables.
Son este tipo de criterios los que deben combatirse en una reforma electoral, dotando a las autoridades electorales administrativas, es decir, al INE, y también a las jurisdiccionales, de la facultad para imponer multas y sanciones por este tipo de conductas.
Los principios que deben regir en estos casos son el de exacta aplicación de la ley y el de subsidiaridad. Es decir, si las medidas cautelares emitidas -primero- por el INE no impiden que continúe la trasgresión a la ley, se requiere utilizar las sanciones disciplinarias para imponer castigos efectivos que detengan las conductas infractoras, garantizando con ello la no repetición de las mismas.
Multar efectivamente
La necesidad de estos cambios en la legislación electoral mexicana es evidente, pues -los lineamientos emitidos por el INE- para el comportamiento que debían observar todos los precandidatos a la presidencia, de Morena y de la oposición, no tuvieron ningún efecto, salvo el de vulnerar la equidad de la contienda.
Debido a que este escenario se repitió con respecto a la intervención en los comicios del presidente López Obrador, también es necesario dotar al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al Órgano Interno de Control de la presidencia, de las facultades específicas para sancionar al titular del Ejecutivo federal.
No importa que se trate del presidente, al contrario, justo porque es la máxima autoridad en el Ejecutivo de la nación, además de jefe de Estado, tiene la obligación de no incurrir en conductas trasgresoras a la Constitución.
Si después de decenas de advertencias el funcionario es contumaz en su inobservancia de la ley, debe ser multado para que, como cualquier otro servidor público, pague de su cartera la sanción. Asimismo, las multas, impuestas directamente a los candidatos, también son la alternativa para evitar que estos trasgredan la normatividad.
Podría pensarse que esto significaría convertir en punitivo nuestro derecho electoral, aunque en realidad se trata de perfeccionar este aspecto que ya existe en la legislación y que, lamentablemente, no ha funcionado de manera adecuada.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.