Reforma judicial: ¿Qué pasará con los juzgadores que serán despedidos?
Alrededor de 400 togados descartan participar en los comicios de junio de 2025, y muchos otros ya se preparan para ser sustituidos.
Dejando atrás décadas de trabajo y estudio, los 711 jueces y magistrados federales que serán despedidos por la reforma judicial ya se preparan para empezar de nuevo en sus carreras profesionales, lamentando -sobre todo- que los cambios aprobados por el Congreso no consideran que fue el Estado mexicano el que invirtió multimillonarios recursos públicos para su capacitación.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), alrededor de 400 togados renunciarán a participar en los comicios extraordinarios de junio de 2025, y muchos otros, aunque no lo expresen públicamente y aparezcan en las boletas, en realidad prevén que serán sustituidos por quienes seleccione el Senado para competir en los comicios.
Quienes públicamente ya manifestaron que declinan a ser sometidos a votación, lo hacen porque no quieren “legitimar todo este atropello”, debido a que la reforma es violatoria de sus derechos humanos.
“Hay violación de derechos como trabajadores y como impartidores de justicia, hay una vulneración a nuestra independencia judicial que no es nada más en beneficio propio, sino en realidad es una garantía para que las personas puedan tener personas juzgadoras independientes”, apunta el juez Iván Francisco Rodríguez Zamarripa.
En entrevista con ALTO NIVEL, el togado, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Durango, dice sin ambages que todo este proceso de transformación del Poder Judicial “es un circo” que implica un importante retroceso para la justicia mexicana.
“Vamos a ir para atrás y esto no nada más lo digo yo, lo han dicho muchos académicos, juristas internacionales y nacionales, Barras y Colegios de abogados, (…) no se trata de una terquedad o de querer quedarse en el cargo, sino de que con esto no se mejorará nuestro país”.
Recursos perdidos
Rodríguez Zamarripa ingresó al Poder Judicial de la Federación (PJF) hace casi 20 años, cuando aún era estudiante de derecho. Entonces no obtuvo ningún puesto, en ese momento fungía como “meritorio”, una actividad que realizaban en Juzgados y Tribunales, sin pago alguno, jóvenes que querían hacer méritos para -más adelante- aspirar a ser trabajadores de algún órgano jurisdiccional.
Cuando obtuvo su título como licenciado en derecho, mediante concurso y exámenes de conocimientos, consiguió ser Oficial Judicial, el cargo más bajo para los abogados que ingresan al PJF.
Desde ahí fue ascendiendo hasta convertirse en juez, gracias a la “inversión del Estado en nuestra preparación, porque la Escuela Federal de Formación Judicial del PJF es pública, se sustenta o tiene un sustento económico con recursos de los ciudadanos, gracias a sus impuestos”, enfatiza.
“Entonces, toda esa inversión que el Estado ha hecho hacia nosotros, al menos durante los últimos 30 años, pues por supuesto es una inversión que se pierde” con la reforma, lamenta Iván Francisco Rodríguez Zamarripa.
Prácticamente el 100% de quienes hoy son jueces o magistrados tomaron algún curso, diplomado o especialización en la escuela del PJF, requisito indispensable para formar parte de la carrera judicial y aspirar a ser seleccionados para realizar exámenes de conocimiento, con los que se concursan las plazas en Juzgados y Tribunales federales.
Toda esa preparación que hemos pagado los mexicanos con nuestros impuestos no se considera en la reforma.
Además, con los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que desde noviembre de 2012 cambiaron por completo la impartición de justicia en esta materia, también se invirtieron recursos públicos extraordinarios para capacitar a juzgadores y trabajadores, y para contar con la infraestructura inmobiliaria que permitiera aplicar el nuevo modelo de justicia laboral.
Jueces a modo
Ninguno de estos esfuerzos, que no solo involucran a los jueces y magistrados en lo personal, se contempla en la reforma, esta simplemente borra en automático la carrera judicial, trasgrediendo los derechos laborales de quienes hoy son juzgadores, y de aquellos que aspiraban a ascender a nuevos puestos.
“Al momento de declarar las plazas que están sujetas al proceso electoral mi nombre estaba en la lista que ellos tenían ahí en el Senado, aunque omitieron leer mi nombre, no quiere decir que la tómbola no se tratara de personas”, se queja Rodríguez Zamarripa.
Como él, decenas de jueces y magistrados han manifestado su inconformidad con la reforma y con el procedimiento de insaculación que llevó a cabo el sábado pasado el Pleno del Senado, soberanía que, a través de una tómbola, extrayendo pequeñas pelotas numeradas, seleccionó las 350 plazas de magistrados y 361 de jueces que serán sometidas a las urnas el próximo año.
Con esto, los juzgadores que serán electos por el voto de los ciudadanos serán jueces a modo de los intereses del partido gobernante, pues el Senado hará una selección previa de los candidatos que podrán competir.
De hecho, las plazas de 54 jueces federales que emitieron resoluciones contrarias a las iniciativas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, forman parte de las que salieron sorteadas en la tómbola del Senado.
Por eso se considera que todo este proceso es contrario a la división de Poderes, pues “un juez constitucional no está para agradar a nadie, no estamos para representar a nadie más que a la Constitución”, concluye Iván Francisco Rodríguez Zamarripa.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.