Reforma de Pemex y CFE, contraria a recomendaciones del FMI
La institución financiera considera que deben revisarse las políticas de apoyo a las paraestatales para mejorar los planes fiscales del gobierno federal.
La deuda de Petróleos Mexicanos, así como los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad, junto con sus altos costos laborales y de producción, son factores que inciden en los desequilibrios presupuestales y el déficit público de nuestro país, por ello la reforma a estas dos paraestatales, que elimina su carácter productivo, es contraria a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tanto Pemex como CFE tienen problemas de gobernanza empresarial, de acuerdo con el más reciente informe del FMI, institución que considera que deben revisarse las políticas de apoyo a la petrolera y al sector energético en general, con el fin de mejorar “la credibilidad de los planes fiscales del gobierno”.
“El apoyo del gobierno federal a Pemex en forma de exención fiscal, inversiones y transferencias costaron 1% del PIB en 2024”, advierte el FMI. Es decir, en vez de que Petróleos Mexicanos aporte recursos al erario público, el gobierno ha destinado una parte importante del Presupuesto para apoyar a una empresa que prácticamente está quebrada.
Pemex, cuya deuda asciende a 101,000 millones de dólares, en los hechos está incumpliendo su función como empresa productiva del Estado, un régimen jurídico del que se le dotó con la reforma energética de 2013.
Sin embargo, la solución a las ineficiencias, baja productividad y al endeudamiento de la petrolera no está en que regrese a ser solo empresa del Estado, tal y como se establece en la reforma a la Constitución que recientemente avaló el Congreso, y que aun debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De hecho, para el FMI la ampliación del respaldo que recibe Pemex de parte del Presupuesto público “debería condicionarse” a la elaboración de una estrategia de negocios viable, con el fin de que la paraestatal mejore su gobernanza corporativa.
“Las medidas en ese sentido podrían abarcar la concentración de las actividades de Pemex en campos rentables, la venta de activos no esenciales, la formulación de una nueva estrategia para las operaciones de refinería no rentables, y la promoción de asociaciones público-privadas”, recomienda el FMI.
Aval a la ineficiencia
La diferencia entre una empresa productiva del Estado y una que solo es empresa pública del Estado, es que la primera no se rige por las leyes del derecho público, además de que tiene autonomía técnica, operativa y de gestión.
Es decir, las leyes que rigen al gobierno en general, y a la administración pública federal en lo particular, no regulan la actividad de este tipo de empresas, sino que es el derecho mercantil el que se privilegia, ya que tienen como objetivo desarrollar actividades económicas que generen valor y rentabilidad.
En cambio, las empresas públicas del Estado o empresas del Estado, deben seguir las normas del resto de las dependencias. Por ejemplo, desde 2013, las compras y adquisiciones de Pemex y de CFE no siguen las reglas que, de manera obligatoria, deben observar los demás entes gubernamentales.
Al dejar de ser empresas productivas del Estado, tanto la petrolera mexicana como la Comisión Federal de Electricidad regresarán al régimen jurídico que tenían antes de la reforma energética, a contracorriente de las observaciones del Fondo Monetario Internacional.
Costos a cargo del erario
En 2023, el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de Pemex, que son los recursos que debe entregar la petrolera al gobierno federal, se redujo de manera importante, ya que de los 1.07 billones de pesos generados en ese año, solo el 32% (342,400 millones de pesos) se recibieron en las arcas del Estado, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.
Así mismo, la organización México Evalúa calcula que Pemex recibió el año pasado beneficios fiscales por 313,500 millones de pesos, lo que equivale a todo el Presupuesto de la Secretaría de Salud (209,000 millones de pesos) más el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (100,000 millones de pesos).
A su vez, hasta el segundo trimestre de 2024, la paraestatal había recibido poco más de 165,000 millones de pesos en apoyos de parte del gobierno federal, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta misma organización apunta que Pemex tiene una deuda con proveedores y contratistas que suma 362,500 millones de pesos, cifra superior en 56.8% a los pasivos que en este rubro se registraron en 2023. Todos estos costos no solo repercuten en las finanzas de la petrolera, sino también en las del Estado mexicano.
Esta es la razón principal por la que el Fondo Monetario Internacional recomienda mejorar la gobernanza empresarial de Pemex, lo que significa -principalmente- que la empresa garantice su rentabilidad y genere ganancias, no pérdidas que son cubiertas con recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos.
Más pasivos en CFE
Por otro lado, en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, el diagnóstico del FMI es similar al que esa institución hace de Pemex: Si no hay una reestructuración de la paraestatal, con el fin de hacerla más eficiente, podrían verse afectadas las metas para disminuir el déficit público del gobierno federal.
A junio de 2024, la deuda de CFE ascendía a 460,700 millones de pesos, cifra 14% superior a los 402,500 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior.
Es importante resaltar que este pasivo equivale al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2024 en los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con un reporte del IMCO.
Si bien la venta de energía eléctrica es la principal fuente de ingresos de la CFE, ya que el 74% de sus recursos se reciben de la comercialización del fluido generado por la paraestatal, las transferencias del gobierno federal representan el 15% de los ingresos de esta empresa.
El FMI apunta que la CFE y el sector energético en lo general deben ser más eficientes, por lo que, en contraste con la reforma ya aprobada, es necesario implementar una serie de cambios legislativos para simplificar las regulaciones, y “cerrar brechas en infraestructura crítica”, entre las que se incluyen el transporte, el agua, y la energía.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.