“Receptor Abierto”, la operación de tráfico de armas a México que nadie conoce
Tres años antes del operativo Rápido y Furioso, autoridades de EE UU permitieron la salida de medio millar de fúsiles destinados al narco mexicano.
El método y los resultados fueron los mismos que Rápido y Furioso, de hecho, podríamos decir que fue un previo y trágico ensayo con el que casi medio millar de fúsiles cruzaron la frontera de Estados Unidos -entre 2006 y 2007- para terminar en manos del narcotráfico en México: Se denominó Receptor Abierto (Wide Receiver) una operación secreta cuyos detalles desclasificados revelan la forma en la que la delincuencia obtiene su armamento.
“La Operación Wide Receiver fue digna de mención porque nos permitió entender cómo la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) utilizaba estas tácticas más de tres años antes de que se iniciara la Operación Rápido y Furioso”, precisa un documento de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense, cuya copia posee ALTO NIVEL.
El texto, de más de 500 páginas ya desclasificadas, es una evaluación del operativo Rápido y Furioso, el cual no puede ser entendido sin mencionar a su antecesor, ya que Receptor Abierto fue una maniobra “particularmente significativa porque se llevó a cabo en parte bajo la supervisión de William Newell, el mismo agente especial a cargo que supervisó la Operación Rápido y Furioso”.
Los folios son el recuento de dos sangrientos fracasos: Con Rápido y Furioso se permitió que más de 2,500 armas de grueso calibre fueran introducidas en México en 2009, dos de esos pertrechos sirvieron para asesinar, en 2010, al agente de Aduanas y Protección Fronteriza Brian Terry.
Con Receptor Abierto, funcionarios de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos se enteraron que cerca de 500 armas de fuego, la mayoría fusiles AR-15 y AK-47, se compraron en Tucson, Arizona, y “caminaron” a la frontera mexicana hasta llegar a sicarios del narcotráfico que entonces operaban en Tijuana, Baja California, y Caborca, Sonora.
“A diferencia de la Operación Rápido y Furioso, donde algunos agentes de la ATF nos dijeron que no podían arrestar a los testaferros, porque la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona tenía una posición poco razonable sobre las pruebas necesarias para realizar un arresto, descubrimos que este problema no estaba presente en la Operación Wide Receiver”, admite el informe.
Es decir, desde la operación Receptor Abierto podrían haber sido detenidos los hombres que compraban las armas a nombre de las bandas del narcotráfico mexicano, pero la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) decidió no hacerlo, a pesar de contar con todos los elementos para llevar a cabo un enjuiciamiento.
Compras a la luz del día
El estadounidense Gregory González tenía 18 años en febrero de 2006, y los bolsillos del pantalón llenos de efectivo, suficiente para comprar 20 fusiles AR-15 en una armería de Tucson. Justo por su edad llamó la atención del vendedor, quien lo reportó de inmediato a la ATF.
Fue en ese momento en el que nació la operación Receptor Abierto, que incluyó la participación de agentes encubiertos que actuaron como “ayudantes” del armero, además de la intervención telefónica de los dispositivos utilizados por González y sus cómplices.
Un mes después, el joven acudió a una feria de armas donde se encontraba exhibiendo sus productos el mismo comerciante. Ahí adquirió, por 5,300 dólares, 20 receptores inferiores de AR-15, las partes del fusil que incluyen el cargador y la culata del arma. También preguntó sobre la posibilidad de ordenar otros 50 receptores para igual número de fusiles.
“Un agente encubierto de la ATF ayudó a cargar los 20 receptores que González ya había comprado en el automóvil” de Ismael Betancourt, un hombre de mediana edad que acompañaba a González. Luego otros agentes siguieron a Betancourt y a Gregory, pero -sin una explicación convincente- les perdieron el rastro.
Más adelante, el 13 de junio de 2006, personal de la ATF tuvo una reunión con fiscales de Arizona, un encuentro en el que el agente Charles “Chuck” Higman expresó que permitir la circulación de las armas sería “moralmente reprobable u objetable”.
División del trabajo ilícito
No obstante, la operación Receptor Abierto siguió adelante, contando con la autorización judicial para interceptar los teléfonos de una docena de personas, lo que permitió conocer el modus operandi de quienes participan en el trasiego de armas entre Estados Unidos y México.
Los narcotraficantes de nuestro país no son quienes adquieren el armamento de manera directa, se trata de una actividad del mismo negocio ilícito pero que se mantiene separada del área dedicada a la droga.
Usando a mexicanos y a estadounidenses que no están involucrados en delitos en contra de la salud, el crimen organizado de nuestro país triangula la compra de sus armas.
Desde México, los auxiliadores contactan a compradores como Gregory González, estos adquieren los pertrechos en armerías legales para luego transferirlos a terceras personas que son quienes se encargan de cruzar la frontera.
A pesar de que, en este caso, desde el verano de 2006 la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos tenía pruebas para arrestar a los involucrados, evitando que llegaran a México un total de 474 fusiles de asalto más varias docenas de pistolas, los agentes de esa institución optaron por dejar que las “armas caminaran” (gun walking).
Se desconoce cuál fue el destino en nuestro país de 410 rifles AR-15 y AK-47 que la ATF permitió que ingresaran a territorio mexicano, sin ningún tipo de rastreador, además de que -en 2007- cuando concluyó la operación Receptor Abierto, tampoco se le avisó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.
En la evaluación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense se menciona que algunas de estas armas se utilizaron en actos delictivos en Tijuana y Caborca.
“La Operación Wide Receiver ilustró el fracaso de la gerencia de la División de Campo de Phoenix (Arizona) de la ATF, para alertar a la sede de la Agencia sobre el uso de estas tácticas”, puede leerse en el reporte cuya narración parece una novela de intrigas y traiciones en la que algunos agentes decidieron guardar silencio, aunque sabían que este operativo, antecesor de Rápido y Furioso, puso en riesgo la vida de la población civil tanto en México, como en Estados Unidos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.