¿Por qué México está inmerso en una crisis constitucional?
Hay varias alternativas para salir de esta crisis, pero no todas son favorables para los ciudadanos y las empresas.
Además de organizar política y administrativamente a los países, el principal objetivo de las Constituciones es limitar el poder, a través de disposiciones jurídicas que distribuyen las competencias de los órganos del Estado.
Pero cuando dejan de seguirse estas reglas y la carta magna ya no es suficiente para acotar la actuación de quienes ostentan cargos públicos o de elección popular, se tiene una crisis constitucional.
Lamentablemente, México lleva varios meses inmerso en esta situación, ya que otro elemento de las crisis constitucionales es la incertidumbre, la cual afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas.
Esta se genera cuando los órganos estatales, y sus representantes, dejan de actuar conforme a los límites establecidos en la Constitución, desdibujándose la obligada certeza jurídica que debe prevalecer en la toma de decisiones.
Las consecuencias inmediatas son, por ejemplo, la volatilidad en el tipo de cambio, la salida de capitales, y la cancelación de inversiones.
Para hacer más entendibles estos conceptos es usual considerar a la Constitución como un vaso o continente, mientras que los sujetos que esta regula son el agua o contenido.
En una crisis constitucional, el continente no alcanza a limitar al contenido, por lo que, en esta analogía, la crisis sobreviene cuando el vaso resulta insuficiente y el agua se derrama.
Un trance paulatino
La crisis constitucional que padecemos en México no ha sido instantánea, sino que se ha ido gestando a lo largo de los últimos seis años, aunque los factores que la han detonado se agudizaron a partir del segundo semestre de 2024.
La reforma al Poder Judicial de la Federación es uno de los síntomas o expresiones de la crisis constitucional que el país está experimentando, debido a que el grupo político dominante en los poderes Ejecutivo y Legislativo decidió que la judicatura no debía ser independiente, tal y como lo establece la Constitución.
En este caso, nuestra ley fundamental ha resultado insuficiente para limitar a los representantes de esos poderes, no porque sus disposiciones hayan sido invalidas u obsoletas, sino porque los actores políticos y los factores reales de poder han actuado desconociendo las directrices con las que la carta magna los acotaba.
Interpretar la Constitución y la ley sin tener facultades para ello, y actuar políticamente asumiendo que la legitimidad electoral es una patente de corzo que puede utilizarse para rebasar las competencias del cargo público que se ostenta, ha sido uno de los detonantes de la crisis constitucional mexicana.
Si un solo funcionario hubiera cometido esta falta, sancionable en términos de responsabilidad política y administrativa, no estaríamos en la crisis en la que nos encontramos.
El problema es que estas conductas se han generalizado, revelando que ya no se trata solo de individuos, sino que son las instituciones que estos encabezan las que, en los hechos, dejaron de funcionar de acuerdo con lo que ordena la Constitución.
Duración incierta
Ignorar a quienes piensan distinto, y que se expresan a través de los legisladores de oposición; reformar la carta magna y las leyes a conveniencia, sin respetar los derechos humanos y los procedimientos democráticos; ordenar en esos cambios que las nuevas normas se apliquen retroactivamente, y no acatar centenares de fallos emitidos por Juzgados y Tribunales, son expresiones de nuestra crisis constitucional.
Cuestionar y descalificar la legitimidad de uno de los poderes del Estado; además de decidir, sin contar con esa facultad, qué es lo procedente para la toma de decisiones, obviando las reglas constitucionales que servían para dirimir las controversias, son otras muestras de la crisis en la que nos encontramos.
Para salir de esta hay varias alternativas, por lo que el tiempo que se requiere para superar este trance jurídico y político dependerá de las opciones que puedan elegirse o implementarse.
Reestablecer el orden jurídico que dejó de acatarse; quitarles el poder a los actores políticos involucrados y detonadores de la crisis; y crear un nuevo entramado constitucional, son tres escenarios que por sí mismos -o en conjunto- permiten solventar una crisis de esta naturaleza, considerando lo ocurrido en otros países en el último siglo.
Sin embargo, es importante resaltar que, en ocasiones, la solución a esta problemática no necesariamente significa un avance para las libertades y la democracia.
Se puede dejar de tener una crisis constitucional a partir de la creación de leyes supremas que no respetan los derechos humanos, esto también se ha visto en otras naciones a lo largo de la historia.
Hay países que eran democráticos, que entraron en una crisis constitucional, y que esta se solventó reformulando las leyes fundamentales a partir de criterios autocráticos y/o autoritarios. Irán en 1979, y más recientemente Venezuela y Nicaragua, son tres ejemplos de este retroceso.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.