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Politización e intervención de la delincuencia, las consecuencias de la reforma judicial

19-06-2024, 6:10:00 AM Por:
La Corte mantiene la suspensión a la Ley de Remuneraciones de AMLO
© Sofía Ugalde La Corte mantiene la suspensión a la Ley de Remuneraciones de AMLO

Elegir con el voto a los jueces es dejar en manos de personas no calificadas ni neutrales, la libertad de los ciudadanos y la viabilidad de los negocios.

Cooptar al Poder Judicial para que este deje de aplicar la ley, y responda a los intereses políticos del partido en el gobierno, es el verdadero objetivo de la reforma a la Constitución que en esta materia propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implica desaparecer a una institución eminentemente técnica para sustituirla por un órgano de representación popular.

La iniciativa, que propone elegir con el voto ciudadano a jueces y magistrados, y a los ministros de la Suprema Corte, dejará en manos de personas no necesariamente calificadas, ni neutrales, la libertad y el patrimonio de los mexicanos; y la viabilidad de los negocios.

De hecho, también está en juego la vida de muchas personas, sobre todo en los casos en los que, por ejemplo, se consigue la entrega de medicamentos que se niegan en el sector público gracias a que así lo ordena un fallo de algún juez.

Adicionalmente, los grupos del crimen organizado también podrían intervenir en la elección de los titulares de juzgados y tribunales, pues estos -de entrada- tendrán que hacer públicos sus perfiles para ser conocidos por los votantes.

Basta con recordar la violencia que se vivió en los pasados comicios presidenciales, en los que fueron asesinados -en este 2024- 31 candidatos, para tener más que presentes las formas en las que la delincuencia se involucra políticamente para defender sus intereses.

Regresión democrática

Para explicar mejor los enormes riesgos que implica la iniciativa presidencial, podemos hacer el siguiente ejercicio: Imagina que requieres una cirugía del corazón.

Antes de que te lleven al quirófano llega un directivo del hospital en el que te encuentras y te da una lista con el nombre de cinco cardiólogos para que tú elijas al médico especializado que te va a operar. La decisión sin duda será difícil, pues de esta depende tu vida.

Para hacer tu elección no sabes si los candidatos ejercen como cardiólogos por ser los más calificados, o porque son amigos del director del nosocomio. Tampoco entiendes por qué te han dado a elegir al médico que te hará la cirugía, si en realidad no sabes cómo debes evaluar a cada candidato, pues tú eres comerciante, no médico, y muchos menos experto en el corazón.

Esta situación hipotética, que puede resultar ridícula, es una síntesis de lo que ocurrirá si se aprueba la reforma al Poder Judicial de la Federación.

De hecho, en la vida real, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, pues muchas veces no sabemos si -efectivamente- están capacitados, en el caso de los jueces, magistrados y ministros hoy sí conocemos, de manera exacta, cómo llegaron a sus puestos, los exámenes que aprobaron, los cursos previos que debieron tomar, además de su experiencia, y sus estudios de licenciatura, maestría o doctorado.

Por ende, elegir con el voto de los electores a los miembros de los órganos que imparten justicia significa hacer de la función jurisdiccional una actividad política, necesaria para llegar al puesto y conservarlo.

Con esto se borrará el perfil técnico y especializado del Poder Judicial, el cual, en cualquier democracia, tiene la función no solo de dirimir las controversias jurídicas que surgen entre los particulares, sino también la de impedir que los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, actúen trasgrediendo las leyes y la Constitución.

Una justicia politizada, o a cargo de personas que no tienen la preparación suficiente, equivale a permitir que te opere del corazón tu vecino, que no es médico, pero es muy agradable, simpático y bonachón.

LEE: Las 6 claves para entender la reforma judicial de AMLO

No debemos olvidar que los juzgadores emiten sentencias que, siempre, son desagradables para el 50% de quienes acuden a los servicios del Poder Judicial de la Federación. Esto no es una falla, es una consecuencia lógica porque todos los diferendos tienen dos partes que mantienen intereses encontrados.

Si son dos los que no han podido ponerse de acuerdo, y se acude a los tribunales para que un tercero imparcial sea el que dirima el conflicto, es decir, el juez, evidentemente una de las partes perderá el caso, pues esa es la función de las normas y de la actividad jurisdiccional: Darle la razón a quien ha actuado conforme lo establecen las leyes.   

Impartir justicia exige capacidad y especialización académica, tal y como se requiere para ser cardiólogo o piloto de alguna aerolínea. Lejos de fortalecer a la democracia, la elección de jueces y magistrados la debilitará, y tampoco es garantía de que con ello se acabe la corrupción, como plantea la reforma, al contrario, ocupar un puesto para el que no se está calificado también es corrupción, aunque el funcionario sea electo con millones de votos.

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Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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