México impugnará fallo millonario a favor de Odyssey Marine tras litigio de cuatro años
El Gobierno de México anunció que impugnará un fallo internacional que obliga al país a pagar 37.1 millones de dólares a la minera estadounidense Odyssey Marine por un litigio ambiental.
Ciudad de México, 19 sep (EFE).- El Gobierno de México impugnará el fallo a favor de la minera estadounidense Odyssey Marine Exploration, que lo obliga a pagar una indemnización millonaria.
En un comunicado, las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desaprobaron el fallo emitido por el CIADI y anunciaron que el Gobierno mexicano buscará anular la resolución “ante las cortes competentes”.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles”,
señala la nota.
Después de poco más de cuatro años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió que el Gobierno mexicano tendría que pagar a esta empresa 37.1 millones de dólares por incumplir disposiciones del entonces Tratado Comercial de América del Norte (TLCAN), al negar permisos medioambientales para su desarrollo.
También determinó que el Gobierno mexicano debía hacerse cargo de los gastos incurridos por los honorarios de los árbitros y costos administrativos del proceso, que dio inicio en septiembre de 2020.
El conflicto se originó cuando las autoridades mexicanas negaron permisos a la empresa estadounidense para desarrollar el proyecto de minería submarina ‘Don Diego’ en el estado de Baja California.
“Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ‘Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego’, lo que llevó a la empresa Odyssey a iniciar un arbitraje internacional contra México en el marco del TLCAN”,
reconoció el Gobierno mexicano.
Este proyecto implicaba un dragado marino en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, a 12 millas marinas de la costa, en un área de 61,989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
“El Gobierno de México reitera que no permitirá proyectos que prioricen intereses de grupos minoritarios en detrimento de los recursos naturales, y defenderá en todo momento su soberanía por el bienestar de todas y todos los mexicanos”,
concluyó.
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