Las empresas enfrentan su prueba de fuego en la lucha anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción plantea un reto para las empresas mexicanas y el riesgo de ser sancionadas con sumas cuantiosas.
Por LexisNexis Risk Solutions México
Durante mucho tiempo la corrupción ha sido vista como un delito que se desarrolla dentro de la esfera política, atribuidos a los servidores públicos. Sin embargo, esta actividad involucra a más de un actor, el cual puede ser una persona física o moral. Es por esto que las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción han determinado que no sólo los funcionarios públicos son responsables de este delito, así que se han previsto sanciones para los particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves.
En este sentido, el mayor reto de las empresas es lograr adoptar una postura cooperativa y de cumplimiento en vez de una reactiva. Ya que las sanciones que ha dispuesto el nuevo SNA no son nada manejables. Según un informe de la Secretaría de Función Pública, las sanciones imputables a las empresas son las siguientes:
1. En caso de haber recibido algún beneficio económico, el particular será sancionado por hasta el doble de la cifra obtenida; por otro lado, en caso de no haberlo obtenidos será sancionado por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
2. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo no menor de tres meses ni mayor de diez años.
3. Suspensión de actividades, por un periodo de entre tres meses a de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privarlas temporalmente de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculadas a faltas administrativas graves.
4. Disolución de la sociedad, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave.
5. Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
Pero, ¿por qué es importante adoptar una postura cooperativa y comenzar a procurarse una cultura de cumplimento? La razón es que, el SNA estableció que la autoridad valorará si las empresas cuentan con una Política de Integridad Empresarial, para determinar la responsabilidad de las mismas.
Lo que resulta interesante de esta nueva postura de los organismos regulatorios, es que han propuesto una serie de sugerencias, buenas prácticas y lineamientos generales que las empresas podrán implementar para contar con un Programa de Integridad Empresarial; también han desarrollado ejemplos de ejecución y referencias a la experiencia de otras empresas y compañías en distintos sectores.
En este sentido, las nuevas disposiciones del SNA no reparan en la hostilidad, ya que en una suerte de “sobre advertencia no hay engaño”, procura generar conciencia en el sector empresarial de la necesidad de adoptar una cultura de cumplimiento y debida diligencia, en donde no sólo se logre cubrir los requerimientos legales para minimizar los riesgos de incurrir cualquier falta administrativa, sino que se logre proactivamente evitar cualquier actividad sospechosa y propensa al delito conociendo con quien se relacionan las empresas.
En este contexto, la información adquiere gran relevancia a la hora de tomar decisiones dentro de las empresas. Ya que es indispensable no sólo para conocer las regulaciones y sanciones que giran en torno a estos delitos, sino también es una aliada en todos los procesos de cumplimiento y debida diligencia, ya que, de la mano de la tecnología, la información se convierte en un arma y escudo para evitar la corrupción.
Un claro ejemplo de esto son las robustas plataformas de gestión de riesgo proporcionadas por empresas dedicadas a la prevención y mitigación de riesgos, las cuales permiten realizar un monitoreo automático y veloz de las entidades con quien se tiene una relación e identificar con esto cualquier acción o relación adversa que constituya un indicador de riesgo para la organización. Esto gracias al uso de datos y herramientas analíticas que logran verificar en cuestión de segundos la identidad y registro criminal de los agentes, consultores, distribuidores y proveedores con los que hacen negocios.
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