Diputados arrancan discusión de la reforma para militarizar la Guardia Nacional
El Congreso discute la reforma constitucional que asignaría el control de la Guardia Nacional al Ejército, mientras la oposición advierte sobre una posible militarización.
Ciudad de México, 19 sep (EFE).- La Cámara de Diputados de México inició este jueves el debate sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas de los militares en tiempos de paz, otorgándoles mayores funciones en materia de seguridad pública.
La iniciativa tiene como objetivo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma la administración de la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad que cuenta con más de 120,000 elementos y que fue creada en 2019 con la promesa de mantenerla bajo control civil.
Con esta reforma, la Sedena podrá “ejecutar la estrategia de seguridad pública”, según explicó Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Además, se faculta al Congreso para expedir leyes que regulen la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en apoyo a la seguridad pública”,
agregó al inicio de la discusión.
Críticas por posible militarización
Legisladores de oposición han advertido que esta reforma podría llevar a una “militarización” de diversos sectores del país, ya que modifica el artículo 129 de la Constitución, que desde 1857 ha limitado las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. También se modifica el artículo 21, eliminando la garantía de que las instituciones de seguridad pública sean exclusivamente de carácter civil.
Laura Ballesteros, diputada del Movimiento Ciudadano (MC), expresó: “México quiere paz y justicia, pero no quiere militarismo”. Además, señaló que la Constitución protege un gobierno democrático liderado por civiles, por lo que modificarla sería un paso hacia la militarización de la infraestructura, energía, aeropuertos, salud, educación y, por supuesto, la seguridad.
Por su parte, un legislador del Partido Acción Nacional (PAN) criticó la postura de López Obrador y Morena, recordando que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ellos mismos se oponían a la militarización del país.
Durante la administración de López Obrador, las tareas de las Fuerzas Armadas se han expandido considerablemente. Además de sus funciones de seguridad pública, se les han asignado la construcción de obras de infraestructura, la administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional una reforma legal que permitía la militarización de la Guardia Nacional, argumentando que la seguridad pública es competencia exclusiva de las autoridades civiles.
Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la coalición de partidos de López Obrador, que incluye a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha obtenido el control de más de dos tercios del Congreso, lo que le otorga la mayoría necesaria para modificar la Constitución y avanzar con la reforma.
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