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Economía

¿Cuáles derechos humanos se vulneran con la reforma a órganos autónomos?

21-08-2024, 6:10:00 AM Por:
¿Cuáles derechos humanos se vulneran con la reforma a órganos autónomos?
© Depositphotos

El presidente considera que estas instituciones son caras y superfluas, pero en realidad garantizan importantes derechos fundamentales.

El derecho a proteger nuestra privacidad y datos personales, a no ser discriminado para obtener servicios de telecomunicaciones; conocer con exactitud cómo se gasta el presupuesto; saber si funcionan o no los programas sociales; contar con una economía de mercado competitiva; y tener electricidad a precios equitativos, son solo algunos de los derechos que serán restringidos con la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos.

La reforma a la carta magna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador “en materia de simplificación orgánica” y administrativa, pretende extinguir a estas instituciones bajo una lógica estrictamente económica, ya que su objetivo es “acabar con lujos, gastos superfluos, la duplicidad de funciones”, y el presunto despilfarro de los recursos nacionales.

Con esta perspectiva, y sin importar que el desmantelamiento de estos organismos implica una grave regresión en nuestros derechos fundamentales, si se aprueba la iniciativa del mandatario, lo que previsiblemente podría ocurrir en septiembre próximo, algunas de las funciones de esas entidades serán transferidas al Poder Ejecutivo federal.

Con esto, la presidencia y sus Secretarías serán juez y parte en temas que actualmente están a cargo de instituciones autónomas del Estado mexicano, las cuales sirven para garantizar derechos, y para regular, investigar y sancionar tanto a otras autoridades como a la iniciativa privada.

Avances que se anulan

La siguiente sería la nueva configuración, y los derechos que se anularían con la reforma constitucional que extingue a los organismos autónomos:

Se elimina la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que sus facultades sean ejercidas por la Secretaría de Economía.

La libre competencia y concurrencia económica es un derecho fundamental cuyo ejercicio implica vivir en una sociedad libre de monopolios y prácticas monopólicas, en la que el mercado funcione de manera adecuada y eficiente, lo que al final impacta de manera positiva en las condiciones económicas de los mexicanos.

Desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pasando sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

El derecho a acceder a la infraestructura de telecomunicaciones permite el ejercicio y desarrollo de otros derechos fundamentales, como lo son el de información, el de no discriminación, y el derecho a la inclusión, que son esenciales para el desarrollo económico, social y educativo de las personas.  

Se extingue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para que sus labores ahora las tenga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo que no se mide no puede mejorarse, por eso también es un derecho que los programas sociales se evalúen, dado que estos funcionan con recursos que aportamos todos a través del pago de impuestos.

La medición de la política de desarrollo social igualmente permite conocer el éxito o fracaso de las políticas públicas, y saber si estas se implementan con una perspectiva de derechos humanos que permita el beneficio colectivo.

Se anula el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

El acceso a la información pública es un derecho humano que nos permite monitorear, intervenir y participar activamente en las acciones que llevan a cabo las autoridades, lo que fortalece la rendición de cuentas de parte de las instituciones del Estado, y la gobernabilidad democrática.

Asimismo, la protección de nuestros datos personales es un derecho fundamental porque esa información nos define como individuos, por lo que es esencial para nuestra dignidad controlar la privacidad y/o divulgación de esos datos.

Además, si es el gobierno el que vulnera dicha información y trasgrede la privacidad de nuestros datos, también es un derecho contar con recursos jurídicos e instituciones que puedan sancionar -de manera efectiva- a los entes públicos.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pasan a la Secretaría de Energía.

El acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental que fue reconocido en México hasta 2013, cuando se le incluyó en la Constitución.

Acceder sin discriminación económica a la electricidad y a los hidrocarburos incide de manera directa en el derecho humano a una vida digna, por eso estos servicios deben estar regulados y vigilados de forma independiente, para que las autoridades y la iniciativa privada observen el principio de equidad.

La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) deja de existir, parte de lo que realiza lo hará la Secretaría de la Función Pública.

El derecho humano a la educación no solo se materializa acudiendo a la escuela, evaluar la calidad del sistema educativo nacional impacta directamente en el ejercicio de este derecho.

Conocer la calidad de la educación, y saber si el acceso a esta avanza o retrocede, nos permite detectar y abatir las desigualdades en beneficio de toda la sociedad, pero especialmente de los grupos más desfavorecidos económicamente.

Trasgresión de tratados

Como lo ha reiterado a lo largo de toda su administración, para el presidente López Obrador el gasto que se ejerce en estos organismos es innecesario y debe destinarse a combatir la desigualdad social.

Esta visión no considera que -en realidad- en México somos menos desiguales gracias a la garantía y protección de los derechos humanos involucrados en las funciones de las entidades que se quiere eliminar.

Este retroceso, aunque se trate de una reforma a la Constitución, atenta contra nuestros derechos fundamentales, trasgrede los principios de la misma carta magna, y viola diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Hasta 2018, la progresividad de estos derechos era la base del avance democrático de nuestro país, pues ningún derecho humano debe retroceder, restringirse, acotarse o anularse tras haber sido reconocido en la legislación. Cuando esto ocurre se atenta en contra de nuestra dignidad, disminuyen nuestras libertades, y se abre la puerta a la arbitrariedad ejercida desde el poder.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.

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