ASF revisa a la Suprema Corte y niega que haya corrupción
La Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades en el uso de presupuesto de la SCJN. Este informe llega en un contexto de cuestionamientos hacia el Poder Judicial.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el uso de recursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el 2023 y confirmó que hubo una correcta gestión financiera. La información fue presentada el jueves por David Colmenares, titular de la ASF, a la Cámara de Diputados, siendo el segundo paquete de informes individuales de la revisión de la Cuenta Pública 2023.
La ASF auditó el 91.6% del presupuesto ejercido por la Suprema Corte, que ascendió a 5,487.8 millones de pesos (mdp), de un total de 5,487.7 mdp. La Auditoría determinó tres casos que ameritaron una aclaración, que fue solucionada posteriormente.
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada (…) se concluye que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”,
declara el informe.
El veredicto de la ASF es ilustrativo en el contexto en que, para justificar la reforma al poder judicial, el régimen ha dicho, que es necesario renovar los tribunales porque “hay mucha corrupción” (sic).
Al respecto, el magistrado Juan José Olvera comentó durante la conferencia matutina del Poder Judicial que las acusaciones de corrupción realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum carecen de pruebas.
“Por supuesto que se pueden cometer desaciertos de carácter administrativo y se sancionan y se da cuenta de esas sanciones; pero de allí a hablar de corrupción como una lacra social, como actividad delictiva y generalizada, me parece que no hay ningún fundamento y sólo se trata de señalamientos sin pruebas”,
comentó Olvera.
A su vez, la magistrada Julia María del Carmen García González dijo que las acusaciones sobre corrupción en el poder judicial tenía como propósito desacreditar a jueces, magistrados y ministros ante los ciudadanos.
En julio, López Obrador pidió a la ASF revisar el manejo y presuntas transferencias de fondos realizados en los fideicomisos del Poder Judicial, específicamente en el Fondo de Reserva Individualizado (FORI), que fueron avalados por el Consejo de la Judicatura para trabajadores del Poder Judicial.
El entonces presidente dijo que la investigación de la ASF daría una muestra sobre los beneficiarios de los fideicomisos.
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