La SEP eliminó libros de texto para niños indígenas y con discapacidad
Además de las matemáticas, la SEP también eliminó los materiales para los menores de preescolar y para los que requieren textos de educación especial.
Unos 12.2 millones de niños indígenas, de preescolar, los que viven con discapacidad, y aquellos que requieren educación especial, no tendrán libros de texto en el ciclo escolar que inicia dentro de 13 días, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempló a estos menores en los nuevos materiales, denunció la organización Mexicanos Primero.
Además de que se excluyeron las matemáticas y el español, los textos oficiales para Secundaria no han sido publicados formalmente por el gobierno federal, por lo que las clases comenzarán con la ausencia de los libros necesarios para el 36% de la población estudiantil en México, detalló Laura Ramírez, directora de Activación de agentes educativos del colectivo dedicado a defender el derecho a la educación de los menores mexicanos.
“Todas estas otras modalidades están quedando fuera de la estrategia, (…) siendo justamente las niñas y los niños que están en modalidad indígena, que están en modalidad de educación especial, quienes generalmente están en mayor situación de vulnerabilidad”, lamentó la experta.
En entrevista con ALTO NIVEL, Ramírezprecisóque, a diferencia de otros ciclos escolares, en el que ya está por comenzar se destaca la ausencia de libros para 4.3 millones de niños de preescolar; tampoco hay textos para 6.2 millones de menores que cursarán la secundaria; a los que se suman 1.2 millones de estudiantes indígenas, y 587,000 de educación especial.
Además, en el tema de la educación indígena “hay otro problema importante, hablando de equidad y de inclusión, y es que a la fecha solamente se han traducido los libros de texto (anteriores) para 25 de los 68 idiomas nacionales” reconocidos en nuestro país.
Política contra derechos humanos
La polémica por los nuevos libros de texto se generó desde mayo pasado, con un Juicio de Amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), colectivo que denunció a la SEP por no seguir los lineamientos legales para la elaboración de los materiales, ya que la dependencia no consultó a las entidades federativas ni a los progenitores, como lo marca la regulación en la materia.
A esto se añade que las nuevas ediciones que hasta ahora se conocen cuentan con numerosos errores y algunos sesgos ideológicos, lo que ya propició que ocho estados del país se nieguen a entregar los libros en sus respectivas escuelas públicas.
Los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán dejarán en las bodegas los textos, y anunciaron que trabajarán con sus propias herramientas docentes, destacándose el estado de Chihuahua que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Controversia Constitucional con la que el viernes pasado ya obtuvo una suspensión para no repartir los libros de la SEP.
En ese tenor, Mexicanos Primero considera que el gobierno federal “quería apresurar el proceso” de reforma educativa, porque el ciclo escolar 2023-2024 es el último de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al haber estados que no trabajarán con los nuevos libros, y al no existir materiales para menores indígenas, de preescolar, ni de educación especial, se estarán “generando brechas, estás generando que unos niños aprendan de una manera y otros no, que unos niños aprendan unas cosas y otras no”, argumenta Laura Ramírez.
Por ello, Mexicanos Primero hace una invitación para que “la sociedad en general pueda trascender la pugna política, y nos focalicemos en lo que las niñas y los niños necesitan para su bienestar y para el aprendizaje”.
La especialista es enfática sobre este punto: “Que los niños y las niñas inicien el ciclo escolar a tiempo, que sus maestras y sus maestros tengan las habilidades y el acompañamiento, y la formación pertinente para poder trabajar con ellos en clase”.
Desface y confusión
Al aplicarse el nuevo modelo a toda la población escolar, la situación será “muy, muy complicada” para los estudiantes y los maestros, pues “inicialmente, y de hecho todavía hay un acuerdo vigente, diciendo que la implementación (de estos cambios) iba a ser paulatina” y escalonada, argumenta Laura Ramírez.
La normativa vigente establece que la SEP solo aplicaría la llamada “Nueva Escuela Mexicana” en primero de preescolar, primero de primaria, y primero de secundaria. Con esto, los menores de otros grados escolares seguirían recibiendo su educación a través de materias, y solo los nuevos estudiantes de cada nivel trabajarían con los “campos formativos” en los que ya no hay asignaturas.
“¿Qué es lo que va a pasar en la realidad? Imagínate un niño o una niña que va a entrar a sexto de primaria, que lleva cinco años con materias, trabajando por materias, y ahora vamos a hablar de campos formativos, ¿no?”, evidentemente, dice Ramírez, habrá una afectación que resentirán estos menores, lo que trasgrede su derecho humano a la educación.
Por ello, ante la cercanía del inicio de las clases el próximo 28 de agosto, “necesitamos estar ahorita mandando la discusión a lo que se necesita para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a la educación”, y en esto resalta que los maestros deben ser capacitados de manera rápida y apropiada.
Al faltar pocos días para el regreso a clases, y tomando en cuenta que los libros, oficialmente, se dieron a conocer el pasado 8 de agosto, y que aun no hay materiales para menores indígenas, de prescolar, ni para los que requieren educación especial, la gran pregunta es: “¿Cómo vas a implementar tú un cambio tan drástico en una escuela con 20 días” de anticipación?, cuestiona Ramírez.
Las autoridades educativas del gobierno federal no han respondido a esta interrogante, a lo que se añade que los textos son complejos, “no atienden las necesidades de cada estudiante”, y dejan la responsabilidad de la formación de los menores en los maestros, según el diagnóstico de Mexicanos Primero.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.