Esta es la agenda del Congreso para el primer periodo de 2022
La reforma eléctrica, transferir a la Guardia Nacional al Ejército, y la regulación de la marihuana, entre otros cambios, son prioridad para el Poder Legislativo.
Reformar la Constitución para que el monopolio de la generación eléctrica, así como su distribución y fijación de precios estén a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); hacer que la Guardia Nacional pase por completo al Ejército; legislar en torno al uso lúdico de la marihuana, y emprender una reforma electoral, son los temas prioritarios que abordará el Congreso a partir de este martes, al iniciar el primer periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo en este 2022.
La reforma eléctrica, una iniciativa enviada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados a la iniciativa privada. También propone la desaparición de los órganos reguladores en materia energética, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La prioridad de Morena es lograr la aprobación de la iniciativa presidencial sin modificaciones, escenario muy difícil de cumplir, pues la oposición ya adelantó que el partido gobernante debe negociar diversas modificaciones de la propuesta, de lo contrario esta no podrá avanzar.
Como se trata de una reforma constitucional, Morena necesita obligatoriamente contar con los votos de los partidos opositores, algo que se vislumbra muy complicado si el bloque oficialista no está dispuesto a modificar la iniciativa, a decir del Partido Acción Nacional (PAN) que, junto con los partidos de Revolucionario Instituciona (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), integran la alianza opositora que le quitó la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados, tras las elecciones intermedias de 2021.
La oposición considera que la cancelación de todos los permisos con los que la iniciativa privada participa en el mercado eléctrico nacional, junto con la desaparición de los órganos reguladores en la materia, afectará negativamente a todos los consumidores, pues será la CFE la que fije los precios de la electricidad.
Si consideramos que la CFE es una empresa no del todo competitiva, en lugar de que bajen los precios del fluido, estos se verán incrementados, afectando la economía de los consumidores primarios. De igual forma, México estaría trasgrediendo varios artículos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al suspender los contratos que ya posee la iniciativa privada en este sector.
Mayor militarización
A pesar de que, a propuesta del presidente López Obrador, la Guardia Nacional se creó en 2019 con una reforma a la Constitución, en la que se estableció a la corporación como un grupo de carácter civil, ahora el mandatario mexicano quiere que el Congreso vuelva a cambiar la carta magna para que los guardias nacionales dependan completamente del Ejército, eliminando con ello las facultades administrativas que actualmente tiene la Secretaría de Seguridad Pública.
En este tema Morena enfrentará importantes dificultades, pues las leyes que regulan a la Guardia Nacional están siendo impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justo porque esas normas exceden lo establecido en la carta magna.
La Corte aun no resuelve las acciones de inconstitucionalidad que promovieron legisladores de oposición en contra de la regulación secundaria de la Guardia Nacional, por lo que cualquier cambio en el estatus de esa corporación seguramente deberá esperar a que el máximo tribunal del país se pronuncie al respecto, pues con ello la oposición gana tiempo, considerando que la SCJN puede declarar inconstitucionales las normas que actualmente le dan mayores facultades a los guardias nacionales, debido a que estas no siguen lo que estipula la carta magna.
Ahora sí, va la mariguana
En la plenaria del grupo parlamentario de Morena, celebrada la semana pasada, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, adelantó que ahora sí se proponen regular el uso lúdico de la marihuana, una iniciativa que no ha podido aprobarse desde que se presentó por primera vez en el Poder Legislativo en 2019.
En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que despenalizaba el consumo lúdico de la marihuana y permitía la comercialización de la droga. Sin embargo, esa propuesta ya no fue discutida en el Senado.
A su vez, el 28 de junio de 2021, con una mayoría calificada de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que penalizan y prohíben de manera absoluta el uso lúdico o recreativo de la marihuana.
El efecto jurídico de la declaratoria general de inconstitucionalidad fue expulsar del sistema normativo de México los artículos señalados como contrarios a la carta magna.
Con ello, la Corte estableció que penalizar el uso lúdico de la marihuana violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 1 de nuestra Constitución.
La declaratoria general de inconstitucionalidad obliga al Poder Legislativoa reformar la Ley General de Salud, lo que presumiblemente, a decir de Sánchez Cordero, se llevará a cabo en este primer periodo de sesiones del Congresos, el cual concluye el próximo 30 de abril.
Agenda opositora
De su lado, los partidos de oposición en el Congreso pretenden presentar varias iniciativas que, al igual que como ocurre con Morena, requerirán de la negociación con los demás bloques del Poder Legislativo.
El PAN cuenta con varias propuestas para detonar un mayor dinamismo económico en el país, garantizar el abasto de medicamentos, y restablecer las estancias infantiles, entre otras iniciativas.
El PRD tiene la intención de impulsar su propia ley que regule el cannabis, así como una reforma al Código Penal Federal, y otra a la Ley Federal del Trabajo. A su vez, el PRI quiere relanzar el turismo, reactivar la economía, y modificar las normas fiscales para que este sistema otorgue mayores estímulos a los sectores productivos.
Finalmente, Movimiento Ciudadano ya prepara sendas iniciativas para reformar el pacto fiscal entre la federación y los estados, y acotar la prisión preventiva en el ámbito penal.
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