¿Abogados gratuitos? Así funciona la cultura pro bono

¿Alguna vez has querido cambiar al mundo?, ¿qué crees que sea necesario para lograrlo? El dicho popular sugiere que “el buen juez por su casa empieza”, y es cierto. Para cambiar el entorno sólo hacen falta dos factores: querer hacerlo y la determinación necesaria para llegar al objetivo.

Me parece que fue así cómo surgió la Responsabilidad Social Corporativa (en la época posterior y como respuesta a lo acontecido en la Guerra de Vietnam) y, muy particularmente, los servicios pro bono. Son estos últimos servicios los que, en el ámbito legal, constituyen una herramienta formidable para coadyuvar al fortalecimiento del Estado de Derecho, precisamente al acercar la justicia a quienes más lo necesitan.

Los mexicanos tenemos derecho a la administración pronta y expedita de justicia, y aunque dicho principio está previsto en los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay quienes en la práctica están marginados o simplemente se ven lejos de la misma por no poder costearla.

En ese sentido, los abogados tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos: impulsar un sistema legal justo y el respeto por los derechos humanos. Nuestra obligación, social y moral, es hacer que la justicia sea asequible y realmente vigente para toda persona. Ésta es nuestra manera de contribuir, no sólo en el bienestar social, sino también en el fortalecimiento de la confianza en la justicia, en las instituciones y en la democracia. Por ello, creemos firmemente que la contribución activa como integrantes de la sociedad es fundamental para lograr un verdadero cambio en la forma que se percibe, interpreta y manifiesta la justicia entre todos nosotros, particularmente con los más necesitados.

Una mirada a la historia

En enero de 2008 entró en vigor la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano. Se trata de una iniciativa planificada desde 2001 con el objetivo de promover el acceso a la justicia en el hemisferio occidental. Aunque tuvo contribuciones de diferentes actores, fue liderada por el Vance Center y firmada por más de 500 despachos de abogados, organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados, facultades de Derecho y departamentos legales corporativos de todo el continente.

Los firmantes se comprometieron a implementar por abogado, un mínimo de 20 horas o tres días de asesoría legal gratuita al año, en favor de personas y agrupaciones vulnerables o marginadas. Así como a garantizar que los servicios pro bono no sean diferentes, en términos de calidad y ética profesional, a los remunerados.

Esta práctica está expandiéndose y registrando nuevos firmantes, lo cual ha permitido un avance considerable en el acceso a la justicia.

¿Desafíos?

En México, aún hay un largo camino por recorrer, no sólo por la falta de una cultura pro bono, sino también por el restringido número de abogados en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al primer trimestre de 2016, la población ocupada como abogados éramos poco más de 342 mil personas, (equivalentes a sólo el 0.7% de la población nacional), estamos basados principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. De ese total, sólo el 1.9% habla alguna lengua indígena y de cada 100 abogados, sólo tres ofrecen servicio social, lo cual nos permite discernir que actualmente hay un número importante de personas que no tienen acceso a asesoría legal. Aquí ya de entrada un enorme reto a hacerle frente por el volumen de trabajo pro bono que existe y que demanda atención inmediata.

¿En qué quedamos?

En México urge construir en todo su ámbito un Estado de Derecho bien consolidado, con leyes que estén a la vanguardia y con plena protección de derechos humanos, y con sistemas de impartición de justicia efectivos, que acerquen la misma a todas las personas. Esta tarea y el clamor respectivo por la paz y seguridad a la que todos aspiramos, es una cuestión de absoluta prioridad. En ese sentido, el trabajo pro bono es un medio muy importante, en el que los abogados debiéramos estar dedicando cada vez más tiempo como parte de nuestra responsabilidad social y compromiso de bienestar con nuestro país. 

*El autor es socio director de la firma de abogados Hogan Lovells BSTL. 

Alto Nivel Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.