Lo bueno, lo malo y lo ambiguo de la ley telecom
Hay cosas positivas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero necesita cambios para evitar que un gobierno autoritario se aproveche de ella.
Basta con eliminar ambigüedades que pueda aprovechar un gobierno autoritario.
Hay que decirlo. Gran parte de los artículos que se incluyen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, están dirigidos a aminorar las ventajas que el Estado considera que tienen Televisa y Telmex-Telcel.
Buena parte de su articulado se enfoca a imponer a ambas empresas, ya declaradas agentes preponderantes, una serie de medidas que en su momento causaron una airada respuesta por parte de América Móvil.
Hay que destacar que la nueva ley elimina las largas distancias nacionales en todo el territorio mexicano, e impone una tendencia a cero en las tarifas de interconexión en la terminación de llamadas a Telmex, que terminaría por bajar los costos para el consumidor de llamar desde una línea terrestre a una de celular.
Igualmente, impone a Televisa el que sus competidores nuevos puedan utilizar sus antenas y estaciones de repetición para emitir sus redes nacionales, y prohíbe expresamente cualquier intento de presionar a los anunciantes para que le compren en exclusiva a esta empresa.
También impone de una buena vez el must carry – must offer a las televisoras, como punto final a una ridícula controversia que ya llevaba demasiado tiempo.
Igualmente, crea la figura de defensoría de la audiencia y un nuevo sistema público de radiodifusión.
Cierto, es posible que le faltó apretar en materia de televisión restringida, para permitir la formación (u oficialización) de monopolios en el terreno de las cableras.
Pero en general la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no merece muchas protestas, más allá de los directamente afectados.
¿Por qué apoyar a los tuiteros inconformes?
Dicho lo cual, comentaban por ahí por qué apoyo el movimiento que se ha creado alrededor de la regulación de Internet, que acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de preparar un marco legal que permite la censura de contenidos y la interrupción del servicio de Internet de forma selectiva, además de facultar la persecución policiaca (o política) de las actividades en telecomunicaciones de cualquier persona.
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Porque francamente podemos prescindir del párrafo VII del artículo 197, o volver mucho más complicado el procedimiento para obligar a los concesionarios a bloquear o inhibir señales.
No me parece que el gobierno vaya a utilizar este párrafo para bloquear manifestaciones, como se ha dicho hasta el cansancio, pero para qué abrir la posibilidad. De hecho, el gobierno no debiera tener la facultad de dejarnos incomunicados salvo casos de verdadera urgencia, prácticamente en caso de guerra.
Censura sin fundamento pero más vale prevenir…
En cuanto a las objeciones al artículo 145, párrafo III, la acusación de censura está mal fundamentada por los críticos. Hagan el favor de leer la frase “a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad”.
Cuando se habla de esto, dice en otras partes de la ley, debe mediar orden judicial, y se trata principalmente de combatir sitios de pederastia y otras actividades ilegales, como venta de drogas (que ha habido casos, lo sabemos). Pero, no estaría mal que se especifique mejor este requisito en la ley, para prever, como si lo han dicho los críticos, que alguien interprete a la mala este párrafo.
Por último, la petición de guardar registros (no los contenidos) de llamadas y comunicaciones por dos años (artículo 192) no sería nada fuera de serie, salvo que para las empresas de telecomunicaciones requerirá una enorme inversión, tanto en almacenamiento como en sistemas de datos que permitan hacer búsquedas en los tiempos que marca la autoridad.
Es más inquietante la parte de intervención de llamadas y comunicaciones de los artículos 189 al 191, porque si bien habla al principio de que la geolocalización y la intervención de llamadas se puede solicitar sólo para investigación por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas, la redacción de los demás párrafos no deja claro si es sólo en estos casos cuando el ministerio público puede solicitar la intervención. Aquí valdría la pena una redacción más explicita.
Mayor acceso a Internet
Por lo demás, a mí me parece que la ley sí hace mucho a favor de acercar el acceso a Internet y banda ancha a la mayoría de la población. Hay párrafos específicos para ello.
Me parece que las cuestiones de segmentación de mercado que también argumentan los más críticos, incluyendo esta idea de que Telmex cobraría más por Netflix y por YouTube para favorecer a Claro, se borrarían solas por cuestión de mercado.
La competencia por conectar a Internet sigue siendo encarnizada, cualquiera que salga con chistosadas como efectuar cobros extra por ciertos contenidos se arriesgaría a una salida en tropel de sus usuarios.
En resumen, hay muchos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que valen la pena. Hay que concentrar esfuerzos en eliminar lo que suena mal, y listo.
